Sobre la gestión de Mauricio Macri
Por Nuria Becú
Lic. en Ciencia Política
Directora de CUARTO OSCURO
La elección del domingo 16 de julio lo tuvo a Mauricio Macri como claro y contundente ganador. Su victoria electoral llega luego de cuatro años de gestión del partido del PRO y en un contexto de una marcada polarización social. Sin embargo, en la mayoría de los casos, pocas parecen ser las razones que justifiquen las apasionadas construcciones del enemigo por determinados grupos.
¿Por qué la gente vota como vota? ¿Qué es lo que indigna y atrae de un candidato o de un partido político? ¿Cómo construimos nuestra opinión sobre la realidad?
No sabemos bien porqué pero odiamos a Macri: es facho, de derecha, apoyó a la dictadura. Tampoco sabemos por qué pero no podemos tolerar que el Kirchnerismo se adjudique la bandera del progresismo: no paran de robar, acumulan poder por el poder mismo, son antidemocráticos, intolerantes. Así vemos multiplicados todos los días los discursos intolerantes y vacíos en diversos medios periodísticos y televisivos. Basta abrir la página de cualquier diario para encontrar notas enteras de opiniones personales o editoriales descalificando a uno y otro grupo. Y todo esto se hace muchas veces sin aportar información contundente y clara sobre cada uno de los temas que permita justificar tales opiniones.
Esto es especialmente preocupante porque los medios siguen siendo la forma en que las personas interpretan la realidad política. Por eso les otorgamos tanta responsabilidad y por eso debemos esperar mucho más de ellos.
La existencia de un sistema democrático reside en la posibilidad de oír voces diversas y de coexistir con ellas. Necesitamos poder justificar por qué pensamos como pensamos y qué cosas no deseamos que sucedan. Todo esto es importante porque si no lo hacemos es muy difícil lograr que la realidad política cambie, que consigamos reaseguros frente a cualquier gobierno abusivo, y que podamos lograr consensos que permitan construir políticas sostenidas en el tiempo. Sobre todo porque la democracia es el gobierno en donde el poder cambia y alterna periódicamente. Necesitamos saber que cualquiera sea la persona o el partido político que asuma, hay cosas que no van a poder hacer.
También es verdad que existen y siempre existieron sectores que se opusieron fervientemente al cambio del status quo. Pero no podemos oponernos a ellos usando las mismas estrategias comunicacionales retorcidas ni utilizando el poder para acallar y desacreditar las voces disidentes. El fin no justifica los medios porque la vida democrática se construye también con los procedimientos y las normas que vamos armando cotidianamente. Los medios que utilizamos en la búsqueda de las virtudes sociales y democráticas usualmente terminan siendo el fin en si mismo.
Ya pasaron 30 años desde el inicio de la transición democrática y hoy podemos ser más exigentes con lo que le pedimos al poder (tanto político como económico) y con lo que estamos dispuestos a tolerar. Y sobre todo si estamos tan convencidos de lo que no queremos que suceda, debemos tener la audacia y la inteligencia de poder convencer a quien piensa diferente (me refiero a la gente en particular), o al menos intentarlo de buena fe.
Por eso, con el objetivo de poder aportar información a quienes critican a Mauricio Macri y hacer dudar a quienes lo defienden, aquí presento una descripción sintética de alguno de los rasgos más salientes y criticados de su gestión (en particular sobre las políticas destinadas a los sectores más pobres). Cada uno de los datos surgen de investigaciones realizadas por diversas organizaciones y organismos públicos. Quien quiera incorporar más información o criticarla es bienvenido, el debate está abierto.
Una de las promesas originales del partido del PRO y uno de los ejes de su campaña fue el de resolver el alarmante problema de la infraestructura escolar. Cabe destacar que al asumir en el 2008, el gobierno tenía en su contra varias causas judiciales por la violación al derecho a la educación. La mayoría de ellas se vinculaba con la deficiente oferta educativa de la ciudad, sobre todo para los sectores socioeconómicamente más desfavorecidos. Ninguna de ellas fue cumplida al día de hoy.
Según lo muestran los datos de los presupuestos públicos, a pesar de que se aprobaron fondos sustancialmente más elevados que los años anteriores para infraestructura escolar, en ninguno de los años (2008, 2009 y 2010) el porcentaje de ejecución (la cantidad de plata que se gasta al finalizar el año en relación con la que fue aprobada al inicio) superó el 65%[1].
Esto quiere decir que el gobierno tuvo todos los años a disposición fondos que no utilizó, a pesar incluso de haber declarado la emergencia edilicia de las escuelas. Tomados en conjunto los tres años, el gobierno logró que se aprueben presupuestos por más de 1.000 millones de pesos de los cuales sólo logró gastar 555 millones de pesos. Esto muestra que el gobierno ha tenido una dificultad persistente en gestionar los recursos para la reparación y construcción de escuelas, a diferencia de lo que públicamente anuncia.
La política educativa tendría además un componente igualitario: la prioridad del gasto en los sectores más pobres era otra de las promesas iniciales del gobierno del PRO.
En el año 2008, apenas haber asumido, el Ministerio de Educación decidió otorgar 63% menos de becas para estudiantes secundarios que el año anterior (de 60.197 solicitudes sólo fueron otorgadas 22.469 becas). El argumento era que se incrementaría el monto de las becas y que se las otorgaría a los que más la necesiten. Pero según lo mencionó claramente la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia[2] (ACIJ a partir de un pedido de información), más de 3000 becas rechazadas correspondían a personas que habitaban en casillas, villas o en la calle,
más de 6000 no habían podido continuar sus estudios en 2007, y casi 2000 eran jefes o jefas
de hogar. A su vez, si se toma en cuenta el nivel de ingresos de los solicitantes rechazados,
se dejó fuera del programa a más de 20 mil chicos cuyo ingreso era inferior a la canasta
básica establecida por el INDEC.
Y más aun, en la discusión presupuestaria de septiembre de ese año en la Legislatura (originada por un incremento de la recaudación de la Ciudad) el gobierno tampoco aprobó la ampliación del presupuesto que hubiesen podido incrementar la cantidad de becas.
Si apoyó, por ejemplo, el incremento de 100 millones de pesos para subsidios destinados
a escuelas privadas.
En este sentido, el presupuesto asignado a educación privada muestra un incremento sostenido en los últimos años de gobierno. Pasó de ser 400 millones en el 2007 (el año antes de que asuma el PRO) a 1.000 millones en el 2011. Muchos de los fondos incluso se dirigen a establecimientos educativos que cobran cuotas extremadamente altas (esto se puede ver en la página del Ministerio de Educación de la Ciudad: http://buenosaires.gov.ar/areas/educacion/gestion_privada/aportes.php?menu_id=21644).
Por otro lado, la participación relativa del presupuesto ejecutado para educación privada dentro del presupuesto general del Ministerio de Educación también ha ido aumentando en el periodo analizado, pasando a representar del 15,8% en el 2006 a 17,8% en el 2010.
Otro de los desafíos de la gestión de gobierno fue cómo resolver el problema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. En este ámbito también el gobierno asumió con varias causas judiciales en su contra.
Una de las primeras medidas del gobierno en materia de vivienda fue incrementar exponencialmente la cantidad de desalojos forzosos de familias de hoteles, conventillos o casas tomadas, sin ofrecerles ninguna vivienda alternativa. Según el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, sólo en el 2008, se desalojaron al menos 9 familias por día. Esta práctica está expresamente prohibida en la Constitución de la Ciudad.
En consistencia con esta política, el gobierno en el mismo año modificó la norma que regula el programa de asignación de subsidios para vivienda (destinado a cubrir gastos de alojamiento por un monto de hasta $ 4200) haciéndola más restrictiva: a) se elimina de los objetivos el de brindar orientación a las familias en la búsqueda de distintas estrategias de solución a su problemática habitacional, b) se exigen dos años de residencia en lugar de uno como preveía el Decreto anterior, c) se exige que la situación de calle sea efectiva y comprobable y se elimina a todos aquellos que se hallen en riesgo de estar desalojados.
Esta medida fue cuestionada judicialmente por la Asesoría General Tutelar y fue declarada inconstitucional en mayo del 2009 por el Tribunal Superior de la Ciudad. La justicia en este caso consideró que mediante el mencionado decreto, el Gobierno decidía retroceder de manera deliberada en su obligación de proteger y garantizar el derecho a la vivienda.
La práctica de maltrato hacia las personas en situación de calle se terminó de hacer evidente con la creación de la UCEP (Unidad de Control de Espacio Público) un Organismo que tenía como misión mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión, intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía y el espacio público, y colaborar operativamente con el Poder Judicial de la Ciudad en desalojos. La normativa que lo crea es confusa y el gobierno nunca brindó información sobre las características de sus actividades ni sobre las personas contratadas. Inmediatamente luego de su creación se abrieron varias actuaciones que denunciaban las practicas ilegales, abusivas y violentas de la UCEP. Estos son tan solo algunos testimonios que constan en actuaciones de la Defensoría General de la Ciudad[3]:
“El señor C.R.G.,(…), manifestó que el día 30 de septiembre de 2008 entre las 00 horas y las 02:00 horas de la madrugada, encontrándose junto a dos compañeros en la puerta del Teatro Colón, pasó un camión compactador de basura blanco, sin identificación, seguido de una camioneta blanca cuya puerta delantera tenía inscripto el logo del GCABA. Indicó que del camión compactador bajó una persona y que de la camioneta bajaron seis, todas vestidas de civil. Asimismo agregó que: “Luego, se acercan caminando ligero hacia ellos tres y uno que se adelanta entre todos se viene hacia el declarante, pegándole una patada en la rodilla y diciéndole ‘qué te pasa, qué te pasa’. A esto el declarante contesta, ‘no estamos haciendo nada, ustedes se vinieron a nosotros’ y ahí viene hacia el declarante el hombre... y le dice que a él había que cagarlo a trompadas. En ese momento el declarante se saca la capucha que tenía y uno de ellos le pega en la cabeza con una botella de plástico vacía y le dice ‘a vos no te pego porque sos un viejo’”. El señor C.R.G. señaló que esas personas le quitaron sus frazadas, tanto a él como a sus compañeros. También indicó que lo amenazaron diciéndole que iban a ir todos los días y que no querían que ellos estén ahí.”
“El señor G.D.P., quien se desempeña como reciclador urbano, con fecha 2 de octubre de 2008 (Actuación DPCABA No 5955/08) prestó declaración en la Defensoría del Pueblo, indicando que ese día a las 02:00 horas de la madrugada, en la intersección de las calles Lima e Independencia, un grupo de 13 personas que se trasladaban en un camión de recolección de residuos con la inscripción “Panizza” —patente EXG115— y en cuatro vehículos —dos de ellos de patente FMA256 y SMA278— se acercaron a él y a unos compañeros y les sacaron los carros con todo lo que habían recolectado quitándoles asimismo su documentación, todo lo cual fue destruido. Por otro lado, señaló que cuando les solicitaron que se identificaran se negaron a hacerlo.”
“El día 2 de octubre de 2009 un grupo de personas denunció el accionar de la UCEP a la altura de la calle Pasco al 1300. De estos relatos vale destacar el efectuado por la señora C quien manifestó que “el día 1o de octubre de 2009 a la 1.10 hs de la mañana se encontraba en Pasco al 1300...donde vive. Allí aparecieron los integrantes de la UCEP y uno que estaba de gorrita se ensañó con ella y le empezó a pegar patadas, puñetazos y trompadas por todos lados...después le pegaron entre varios...le sacaron su colchón, un asiento que tenía. Con todos los golpes que le dieron se cayó y se dio la cara contra el piso. Luego la empezaron a manosear entre mas o menos 10 integrantes de la UCEP. Le decían: “Te sentís mal, te vamos a hacer el tacto”, le empezaron a meter mano en su cuerpo, la manosearon en todo su cuerpo. La declarante señala que está embarazada y que puede identificar a quienes le pegaron. La señora ...les pidió a los patoteros que llamen al SAME porque se sentía muy mal y le contestaron que no, que ellos no iban a llamar al SAME y la cargaban con chistes.”
El gobierno de la Ciudad fue denunciado judicialmente por las prácticas arbitrarias, violentas, abusivas y clandestinas de este organismo.
A su vez, se comprueba que todas las políticas de la ciudad que apuntan a resolver definitivamente el problema de la vivienda para los sectores más pobres sufrieron abruptos recortes en sus presupuestos que se han traducido en la suspensión de obras en barrios pobres, villas y Núcleos Habitacionales Transitorios.
A la actualidad las obras previstas por el programa de rehabilitación de conventillos del Barrio de La Boca (donde habitan familias en condición de pobreza) se encuentran sin iniciar o paralizadas. Al analizar el presupuesto se identifica que a partir del 2008 la ejecución presupuestaria del programa no alcanza para ningún año el 20% de los fondos. En el 2009 no se llega incluso ni a gastar el 1% del crédito original. Lo mismo sucede en el 2010 donde la ejecución apenas llega al 5%. Las personas siguen viviendo en una situación de alarmante precariedad, a pesar de existir una ley que obliga al gobierno a resolver el problema de sus viviendas y el presupuesto para hacerlo.
Lo mismo sucede con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (el Organismo principal encargado de ejecutar diversos planes de vivienda en la Ciudad) que en ninguno de los años mencionados logra ejecutar el 70% de su presupuesto: por ejemplo en el 2009 se gasta tan sólo el 46% de lo originalmente dispuesto (de 519 millones solo se ejecutan al finalizar el año 238 millones).
Es llamativo también el recorte que sufrió el programa destinado a la urbanización de las villas. El dinero ejecutado del Programa de Radicación e Integración de Villas disminuye, pasando a ser de 120 millones de pesos en el 2007 a 5,7 millones para el año 2011. En el año 2010 de los 35 millones de pesos que se dispusieron al inicio del año sean destinados al Programa, solo se ejecutaron $200.000. Todo eso se traduce en obras paralizadas en todas las villas de la ciudad, incluso a pesar de existir sentencias judiciales que obligan al gobierno a iniciarlas.
La misma tendencia se comprueba al analizar diversos programas dentro del Ministerio de Salud como el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y el Programa Materno Infantil, que tuvieron serias dificultades para ejecutar su presupuesto a lo largo de los años mencionados.
La falta de provisión del servicio de atención primaria a la salud (APS) en los efectores sanitarios (Hospitales y Centros de Salud) y la renuencia de los profesionales del Servicio de Atención de Emergencia Médica (SAME) a brindar el servicio en villas de la ciudad hizo que se inicie en abril de 2011 un juicio contra el gobierno de la ciudad[4].
La situación estructural de desamparo y discriminación que padecen las personas más pobres de nuestra Ciudad no es un hecho nuevo. Es una realidad que guarda relación directa con la forma en que el estado elige distribuir sus bienes y recursos públicos. En este caso se ve claramente que no se trata de un problema presupuestario sino de una clara intención política que se vislumbra en cada uno de los ámbitos sociales que se analice.
Este maltrato selectivo a los grupos más desfavorecidos tiene que ser condenado públicamente. No porque sea Mauricio Macri ni porque sea de derecha, sino porque protegerlos forma parte de las obligaciones que constitucionalmente tiene el Estado. Y no hacerlo va en contra de los compromisos mas profundos que asumimos como comunidad.
[1] Todos los datos presupuestarios se extraen de las Cuentas de Inversión de la Ciudad de Buenos Aires y del libro AGT, “Las políticas de Infancia y de Salud Mental. Un análisis desde la perspectiva de derechos”, Eudeba 2010.
[2] Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia, “Un retroceso frente a la Igualdad”, 2008.
[3] Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) “LA UCEP: UN ORGANISMO ESTATAL CON PRÁCTICAS ILEGALES”, 2009.
[4] Ver http://www.acij.org.ar/
No hay comentarios:
Publicar un comentario