CRISTINA EN EL G-20

Esta es la mujer que yo voté
estas son sus ideas
y esta su pasión
http://www.youtube.com/watch?v=rfQaLPFHFOM&feature=share

HOY VOTANDO Y DESEANDO

EL MUNDO › ESCENARIO

Para no morir

 Por Santiago O’Donnell

La muerte de Khadafi no fue linda ni prolija. El murió con dignidad, peleando hasta el final en su ciudad natal contra fuerzas muy superiores. Pero ellos, los de la OTAN, lo cazaron como un pajarito y se lo sirvieron en bandeja a la turba enardecida para que lo asesinen, para que lo apaleen hasta desfigurarlo. No fue lindo ni marca un buen comienzo para la nueva era que empieza en Libia. Ninguna guerra es prolija, pero vamos, primero Bin Laden, ahora Khadafi ¿Qué clase de sistema legal permite que los villanos de turno sean sistemáticamente eliminados, sin juicio ni verdad? Los que entregaron a Khadafi, los que reparten órdenes y armamento, los que recibieron a los líderes rebeldes en sus palacios occidentales, ¿cómo permiten semejante salvajismo?

MAS

ESTADO PALESTINO YA

En las próximas 24 horas, el Consejo de Seguridad de la ONU volverá a reunirse para debatir la solicitud de Palestina para convertirse en el país número 194 del mundo.

Ya somos más de 700.000 los que nos hemos unido a esta campaña, pero necesitamos reunir más voces para conseguir que algunos países clave cambien su posición y voten a favor de la iniciativa.

Avaaz ha producido un video impactante que cuenta la verdadera historia de este conflicto, a la vez que explica por qué nos encontramos ante una gran oportunidad para lograr la paz.

Haz clic para ver y compartir este video con todo el mundo. ¡Alcancemos un millón de firmas ahora!

 

www.avaaz.org/mepeaceeses

LA POLITICA DE LAS MUJERES

Epitafio

 Por Marta Dillon

El sábado pasado comenzaron los ritos para el entierro de mi madre. Fue un inicio fuera del guión de las exequias, pero cualquier guión se disloca cuando las exequias se postergan 35 años. “¿Quién hizo la reducción?”, preguntó, por ejemplo, el empleado del cementerio donde finalmente será inhumada. “El tiempo”, contestamos casi a coro mi hija y yo frente a su mirada atónita mientras mi prima, que nos acompañaba, emitía una breve carcajada. El hombre insistió: “¿Qué cochería la trae?”, “ninguna, vendrá en su urna, montada en un camión y esperamos que acompañada por música y banderas”. No tiene caso describir el resto de la conversación, tal vez lo más destacable sea la insistencia del empleado en que nosotras no podíamos transportar restos, que para eso necesitábamos un pase, un documento. Los huesos de mi madre, también desde la burocracia del Estado, exigen una identidad, un documento. Otras conversaciones como ésta se fueron dando en la semana. Mientras escribo mi hija me llama y me cuenta que había habido una discusión en su trabajo sobre la pertinencia de la música en el entierro, no era una fiesta, decía, justamente, el encargado de poner música. Sí, también podría ser una fiesta, decía ella, al fin y al cabo recuperamos esos huesos amados para rodearlos del amor y el honor que no tuvo cuando fue enterrada como NN en un cementerio de la provincia de Buenos Aires, exhumada y vuelta a inhumar sin más ritos que una bolsa negra con un número asignado en la que se mezclaron los huesos de quienes habían encontrado la misma muerte clandestina

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QUE NO NOS CORRAN (o "el plan B lo deberían tener ustedes")

Show del terror

 Por Alfredo Zaiat

El análisis económico convencional tiene una liturgia con fieles hechizados por una fuerza que merece ser capturada para mejores fines. Mientras se suceden planes de ajuste en Europa para salvar a los bancos, sus pastores ortodoxos los elogian como el camino para superar la crisis. No emiten señales de alerta sobre el riesgo de una recesión por la implementación de políticas de reducción del gasto público, de derechos laborales y sociales, de empleos y de planes asistenciales. El manual básico de economía enseña que esas medidas provocan una retracción de la demanda con caída del nivel de actividad. En el período de anuncios de paquetes de rescates financieros, el mensaje es que el ajuste es necesario para evitar una recesión, aunque así se la convoca. Economistas de esa corriente de pensamiento, en un marco de liderazgos políticos débiles, no exponen evaluaciones pesimistas sobre el impacto de esa estrategia, sino que la consideran dolorosa pero imprescindible. Como si fuera un acontecimiento inesperado en ese contexto de recortes en economías frágiles, esta semana las Bolsas registraron fortísimas bajas con posteriores recuperaciones. Recién en ese momento, quienes alentaron las políticas de achicamiento emiten la alarma sobre el peligro de una nueva recesión en los países que aún mantienen la categoría de potencias mundiales. Aunque no es fácil ante tanto bombardeo de esas ideas en el espacio público, es una muestra de prudencia saber que no es por la caída de las cotizaciones de acciones y bonos que esas economías mostrarán de mediocres a pésimos comportamientos de su Producto, sino que será consecuencia de las políticas implementadas para preservar los privilegios de un sistema dominado por las finanzas globales. La inquietud que ahora existe sobre el impacto de esta crisis en la economía argentina tiene la exageración que contagia los pronósticos a partir del derrumbe bursátil, pero es la misma amplificada que ha estado presente mientras gobiernos europeos y de Estados Unidos declararon el default sociolaboral en el altar del objetivo incierto de evitar el default de la deuda.

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RESPUESTA A MARCOS PEñA DE NURIA BECU

Respuesta a Marcos Peña

Por Nuria Becú

Lic. en Ciencia Política

Directora de CUARTO OSCURO

El día 23 de julio recibí por mail una contestación a mi artículo “Sobre la gestión de Mauricio Macri” de Marcos Peña, el secretario general del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La disposición a responder argumentos esgrimidos en un mail, en la mitad de la campaña electoral en vistas al ballotage, es una actitud que sin duda merece reconocimiento. Sobre todo porque la intención del artículo era dejar las puertas abiertas al debate y a la incorporación de nuevos datos y puntos de vista que nos ayuden a pensar cómo evaluamos una gestión de gobierno y en base a qué criterios definimos nuestro voto. Por todo eso quisiera dejar sentado la importancia y el valor que creo tienen este tipo de actitudes.

A continuación se adjunta textual su contestación y luego mi réplica.

Contestación de Marcos Peña al artículo “Sobre la gestión de Mauricio Macri” Para refutar sus argumentos: - Educación: hablar de subejecución es una medida errada porque la ciudad no tiene contabilidad plurianual, lo cual genera desfasajes. Hay otra cifra mas clara: recibimos el 75% de las escuelas con emergencia edilicia, hoy es menos del 5%, todas tienen internet y calefacción, cuando llegamos casi ninguna. Becas educativas: esas cifras son de un momento donde hubo un conflicto, luego de eso se aumentaron en monto y en cantidad de chicos y por ley. Vacantes: cubrimos todas las vacantes de sala de 4 y 5 cuando antes habían miles sin cubrir. Educación privada: todas las transferencias son a salarios, que se amoldan a los aumentos que dimos a los maestros que están en estatal. - Vivienda: los desalojos son judiciales, no los hace el GCBA. La UCEP estaba creada como fuerza paraestatal desde el gobierno de Ibarra. Nosotros la legalizamos, le dimos un protocolo e identificación. Se hicieron cientos de acciones sin ningún tipo de irregularidad, luego de que aparecieran algunos casos denunciados se disolvió. En las villas se trabajó en la urbanización en casi todas ellas, se urbanizo la primera villa de la ciudad y se avanzó en otras. - Salud: se logró la tasa de mortalidad infantil mas baja de la historia, reduciendo al punto mas bajo la desigualdad entre norte y sur. Analizar las prioridades presupuestarias desde la ejecución presupuestaria solamente es errado y sesgado. Prefiero creer que se hace con buena fe, pero la exclusión de todos los logros obtenidos en materia social es llamativo.

La idea central de mi contestación es reforzar y ampliar los argumentos de mi primer artículo, tratando de aclarar cada una de las afirmaciones que realiza Peña en su mail. Nuevamente dejo abierta la puerta para cualquier réplica que quiera hacerse de la información y el análisis que aquí presento.

SOBRE EL ANALISIS PRESUPUESTARIO DE LOS PLANES DE GOBIERNO

- Educación: hablar de subejecución es una medida errada porque la ciudad no tiene contabilidad plurianual, lo cual genera desfasajes.

Qué significa que hablar de subejecución sea una medida errada?

Uno de los puntos centrales de mi artículo es el análisis presupuestario de los diversos programas de gobierno destinado a los grupos más pobres. Este tipo de análisis sobre el gasto del Estado no es una decisión personal sesgada o una medida herrada, sino que es una de las herramientas técnicas más importantes con la que se controla y audita el funcionamiento del Estado. 

Los legisladores realizan análisis sobre ejecución de los programas de gobierno, la Auditoria General analiza el balance financiero del Estado, diversos acciones judiciales se fundamentan con esta herramienta técnica y Organizaciones de la Sociedad civil realizan recomendaciones sobre la base del análisis del gasto del estado.

Por otro lado, forma parte de las obligaciones que tiene el estado: informar cómo gasta la plata y de acuerdo a qué criterio[1]. Si no se realizara la evaluación sobre el gasto sería imposible controlar el cumplimiento de la ley de presupuesto o de las obligaciones del estado por ejemplo en materia de derecho a la educación, a la vivienda y a la salud.

¿Cómo se podría evaluar si efectivamente se han gastado los fondos discutidos y aprobados por la Legislatura para construcción de escuelas por ejemplo? O ¿cómo podría controlarse que no se desvíen fondos a otros fines a los que fueron asignados? O ¿cómo podría analizarse si hay problemas en gestionar contrataciones públicas?

Si realmente se considerara desde el ámbito del ejecutivo que existen dificultades para evaluar el grado de ejecución de los programas pienso deberían: 1) explicar en qué consisten esas dificultades, 2) brindar información clara y precisa sobre cuál es el cálculo que realizan para evaluar el gasto público.

SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACION

- Hay otra cifra mas clara: recibimos el 75% de las escuelas con emergencia edilicia, hoy es menos del 5%, todas tienen internet y calefacción, cuando llegamos casi ninguna.

Esta frase de Peña fue parte de la actual campaña del PRO. El sindicato de docentes UTE inició un juicio contra el gobierno de la Ciudad por la falta de veracidad de cada una de las declaraciones de los folletos distribuidos por el PRO en la campaña.[2] El día 30 de mayo de 2011, se realizó una audiencia pública en el marco de la causa en donde el Sr. Pablo Emanuel Mazzino, DNI 20.296.852, Director General de Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Educación admitió que el dato informado en la campaña carece de validez y que hay 24 escuelas que continuan teniendo problemas de gas y calefacción. Esto se puede ver textual en el acta de la audiencia. También se cuestionó el dato de la cantidad de escuelas construidas bajo la gestión del PRO y del incremento del salario docente. Todas fueron admitidas por el gobierno que se comprometió a rectificar la información. Hasta el día de hoy no lo ha hecho.

Sin perjuicio de esto, el punto de mi artículo respecto del derecho a la educación se dirige a remarcar un grave problema de gestión de recursos públicos. Especialmente, mi preocupación se vincula no con la implementación de reparaciones menores (como pintura, Internet y calefacción), sino con la ejecución de obra nueva (construcción de escuelas, ampliación de salas, etc.).

Es verdad que la Ciudad de Buenos Aires venía acarreando graves problemas derivados de la deficiente inversión en Infraestructura Escolar. Pero esto no exime al gobierno actual de brindar explicaciones públicas sobre la deficiente ejecución presupuestaria de la Dirección General de Infraestructura Escolar a lo largo de su gestión. El hecho de que se aprueben extraordinarios presupuestos para cubrir en parte los déficits derivados de la falta de espacio y que no se llegue a ejecutar la mitad de ellos resulta alarmante.

Sólo a modo de ejemplo y para visualizar la importancia de este tipo de control, en el año 2008 se suspendieron 13 obras de construcción en distintos distritos educativos de la Ciudad[3]. Esto se puede observar claramente en la siguiente tabla: (El crédito Original es el que se aprueba al por la Legislatura al inicio del año, el Crédito Vigente incluye las modificaciones realizadas por el ejecutivo y el Crédito Devengado es el gasto al finalizar el año)

		2008
	Obra	Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado
DE 1
DE 2
DE 3	C.F.P.Nº 22 Polideportivo D.E.3 -Cochabamba 2147	15,704	0	0
DE 4	Escuela Media E Infantil Complejo Casa Amarilla D.E. 4 Blanes Y Puerto De Palos	9,425,655	9,075,986	7,014,275
	Escuela De Recuperación Casa Amarilla D.E.4 Alte.Brown Y Espinosa	7,085	0	0
DE 5
DE 6	Escuela De Educación Especial 13 D.E. 6 - General San Martin	1,570,000	0	0
	Escuela Técnica Nº 6 F.Fader De6 La Porteña 54	1,691,771	0	0
DE 7	Escuela De Comercio Nº 17 D.E.7 Fragata Sarmiento 1817	1,802,967	3,102,967	1,394,589
DE 8	Cbo 1 D.E. 8 - Monteagudo 345	5,500,000	0	0
DE 9	Escuela Media Nº 7 D.E.9 - Malabia 2148	0	80,000	0
DE 10	Ei De10- Blanco Encalada 3471/3485	0	30,000	0
DE 11	Colegio Alberto Larroque D.E.11 Moron Y Gualeguaychu	2,218,911	771,765	717,731
	Escuela Tecnica Nº 5 D.E.11- Alberdi 1845	0	30,000	0
DE 12
DE 13	Esc Inf S/Nº De 13 - Basualdo Y Dellepiane	72,914	72,914	67,070
DE 14	Escuela De Educacion Especial 8 D.E. 14 - Estrada De Cano	40,000	0	0
DE 15	Escuela Media E Infantil Polo Saavedra D.E.15 Crisologo Larralde 5085	5,171,294	3,035,871	1,371,344
	Escuela Discapacitados Polo Saavedra Crisologo Larralde 5085	8,061,487	5,475,042	2,767,956
	Escuela De Musica Pedro Esnaola Crisologo Larralde 5085	14,275,977	3,966,884	1,692,111
DE 16	Escuela De Educacion Especial Y Form.Laboral N 28 D.E.16	100,000	0	0
	Escuela Media Nº 2 De 16 Zamudio Y Jose Cubas	1,908,068	166,246	151,679
DE 17
DE 18	Centro Educativo No Formal De 18 Mercedes 140	275,001	91,106	1,128
	Esc De Danzas Y Ceramica J.Donn D.E.18 M. Cervantes 5068	63,992	0	0
DE 19	Escuela Primaria Nº 12 Enrique Rodo D.E. 19	538,728	18,728	18,697
	Escuela Especial Nº 7 D.E.19 - M.Acosta 2936	0	90,000	0
	Jardin Maternal Nº 6 D.E.19 Chilavert 1935	407,467	162,822	81,573
DE 20	Escuela Danza D.E.20 Fonrouge 760	11,762,393	9,197,358	5,589,417
DE 21	Esc.Primaria Complejo Educativo Villa Lugano Pola Y Barros Pazos	18,324,367	7,524,367	5,893,859
	J.I.Nº5 E.P.Nº4 De21 - Larrazabal 4520	85,501	8,748	0

- Vacantes: cubrimos todas las vacantes de sala de 4 y 5 cuando antes habían miles sin cubrir.

El gobierno asumió en el año 2008 con un juicio en su contra por miles de chicos que no tenían vacantes para jardines de infantes y con la promesa pública de cumplir con su obligación[4]. La causa la presentó la ACIJ en el año 2006 y fue incumplida y apelada por los sucesivos gobiernos y administraciones hasta febrero de 2011 donde se firmó un acta de Acuerdo en la última instancia de la justicia (Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad).

A la actualidad lejos se está de haber cubierto todas las vacantes, por eso el punto de la ejecución presupuestaria es especialmente relevante. Luego de cuatro años de gobierno, recién hace seis meses el gobierno admite judicialmente que tiene una obligación y se compromete a resolverlo. Resta ver si efectivamente lo van a hacer.

- Becas educativas: esas cifras son de un momento donde hubo un conflicto, luego de eso se aumentaron en monto y en cantidad de chicos y por ley.

El caso de las becas de estudiantes secundarios tiene, para mi, una doble trascendencia. En primer lugar es un claro ejemplo de retroceso del estado en materia del derecho a la educación y de protección de los grupos más pobres. En el artículo se muestra claramente cómo el recorte de becas afectó a chicos con evidentes necesidades socioeconómicas. En este sentido, la discusión en su momento fue clara y contundente: el estado no puede retroceder en su obligación de garantizar el derecho a la educación.

Luego de varias intervenciones públicas de diversos sectores, legislativos, sociales, educativos, el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Este es el segundo punto importante: las decisiones políticas están sometidas al escrutinio público y si no se ajustan a parámetros constitucionales deben ser remediadas.

El hecho de que el gobierno haya dado marcha atrás habla más de la capacidad de presión de grupos externos al ejecutivo que de la intensión política de la administración. Que el gobierno no haya podido recortar las becas no significa que no lo haya querido, sino que no pudo.

A mi parecer un análisis de la gestión de las políticas dirigidas a los sectores más vulnerables no puede omitir esta circunstancia.

- Educación privada: todas las transferencias son a salarios, que se amoldan a los aumentos que dimos a los maestros que están en estatal.

Uno de los puntos del artículo fue la reflexión acerca del crecimiento acelerado del presupuesto destinado a educación privada en contexto de alarmantes deficiencias educativas, sobre todo en las zonas más pobres de la Ciudad.

Es importante remarcar que las transferencias de fondos del Estado a la Educación Privada no se dirigen a cubrir ni todas las escuelas privadas ni todo el porcentaje de gasto para sueldos docentes. Se orientan, por el contrario, a otorgar fondos sólo a determinados establecimientos y en porcentajes específicos. De acuerdo lo establece la normativa local y nacional, la asignación tiene como objeto el de apoyar económicamente a las escuelas privadas que atienden sobre todo a los niños de menores recursos.

Como lo menciona un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia[5] el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se niega a revelar el criterio concreto a partir del cual se reparten recursos públicos entre las escuelas de gestión privada, no proporciona información sobre los aportes actualmente percibidos por las escuelas ni tampoco brinda información completa sobre los aranceles que cobran.

Esto fue incluso razón de una acción judicial que presentó ACIJ contra el Gobierno de la Ciudad con el objeto de que brinde tal información. La justicia ordenó al Gobierno que responda en forma adecuada y completa y en lugar de cumplir con la sentencia, el Gobierno de la Ciudad apeló la decisión de la jueza.

De la poca información que si se ha podido obtener se desprende que la asignación de subsidios a escuelas de gestión privada no cumple con los criterios de equidad enunciados en la normativa local y nacional.

Es decir que actualmente el Estado se encuentra asignando plata para pagar salarios docentes a escuelas que cobran cuotas extremadamente altas, y a las que claramente no asisten los niños de menores recursos económicos. Esto se ve reflejado, entre otros casos, en la existencia de escuelas con cuotas superiores a los mil pesos que reciben más de medio millón de pesos al mes por parte del Estado. A su vez, si se observa dónde están situadas las escuelas privadas que reciben aportes del Estado se comprueba que la mayoría se ubica en las zonas más ricas de la Ciudad.

En un contexto en donde en los distritos más pobres faltan escuelas, se registran mayores problemas de falta de vacantes, superpoblación y hacinamiento, destinar recursos públicos a subsidiar una escuela privada de altísimos aranceles para la población más rica es una política que no sólo no remedia las desigualdades de origen, sino que tiende a profundizarlas.

SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA

- Vivienda: los desalojos son judiciales, no los hace el GCBA.

Qué significa que los desalojos sean judiciales?

Que los desalojos sean judiciales significa que se dan en el marco de acciones civiles, penales, administrativas o contencioso administrativas. El punto es quién las inicia y si se le brinda una solución alternativa a la persona que están en situación de vulnerabilidad.

Es decir, las acciones las puede iniciar tanto un privado como el Estado, pero es importante remarcar que no se puede dejar en la calle, sin ninguna asistencia ni alternativa habitacional a cualquier persona de cualquier origen. Esto tampoco es una opinión personal, es una obligación claramente establecida en la constitución y en diversas normas locales.

Según datos públicos sobre las causas, la cantidad de desalojos aumentaron considerablemente en la gestión del PRO. Esto no está puesto en duda. Tampoco está puesto en duda que se restringió el acceso al subsidio habitacional (que menciono en mi artículo y sobre el cuál Peña no realiza ningún justificativo). Esto va en consonancia con la resolución de la Fiscalía General Nº 121/08 que activó un mecanismo mediante el cual el delito de usurpación tramita de forma expeditiva sin brindar a las familias que habitan los inmuebles ocupados posibilidad de defensa, vulnerando garantías constitucionales básicas del proceso penal.

Sobre el punto, de quién tuvo la responsabilidad inicial de desalojar se comprueba a través de diversos informes públicos[6] que el Estado dirigió e impulsó muchos de estos procesos, en particular aquellos iniciados a partir de acciones administrativas. Los siguientes son algunos ejemplos simbólicos:

·       Paseo Colón 1588/1574. El día 27 de febrero de 2009, a las cinco y media de la madrugada, se realizó el desalojo de más de cien familias que habitaban un inmueble sito en Paseo Colón 1588. El lunes siguiente, 2 de marzo, se procedió a desalojar el inmueble lindero, sito en Paseo Colón 1574. Fue un desalojo violento en el que intervino la Unidad de Control de Espacio público (UCEP) y estuvo viciado de irregularidades. En ninguno de los casos, los ocupantes lograron que se les exhiba copia de la orden de desalojo.

·       Asentamiento Morixe. El 18 de mayo de 2009 fue desalojado el asentamiento emplazado sobre un predio del ONABE, situado sobre el margen derecho de las vías del ferrocarril Sarmiento, a cuatrocientos metros de la estación Caballito. Habitaban allí, en casillas de madera y chapas, 30 grupos familiares. En el año 2008, un juzgado contravencional había dictado una orden de desalojo debido a la cantidad de basura acumulada en el predio. A su vez, el GCBA a través de un decreto, había ordenado el desalojo administrativo. En dicha ocasión intervino el equipo jurídico del Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU) y solicitó, a través de una acción de amparo, la suspensión de todo acto tendiente a materializar el desalojo de las familias allí asentadas. El juez interviniente (Dr. Gallardo) hizo lugar a la medida solicitada.

Por otra parte, aunque se trate de acciones entre particulares, el estado debe brindar una respuesta habitacional estable a las familias que quedan en la calle.

La UCEP
estaba creada como fuerza paraestatal desde el gobierno de ibarra. Nosotros la legalizamos, le dimos un protocolo e identificación. Se hicieron cientos de acciones sin ningun tipo de irregularidad, luego de que aparecieran algunos casos denunciados se disolvió.

El caso de la UCEP en mi opinión tiene una trascendencia similar al caso de las becas para estudiantes secundarios. Es un claro caso de impulso de una política violatoria de derechos que fue duramente cuestionada desde distintos ámbitos públicos, lo que generó que el gobierno deba dar marcha atrás.

La UCEP fue creada mediante el Decreto 1232/08 (B.O. 29/10/08) como unidad fuera de nivel dentro de la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCABA. Al momento de su creación dependía directamente de la Subsecretaría de Espacio Público; y tras el dictado del Decreto 145/09 del 2 de marzo de 2009, pasó a estar a bajo la órbita de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público. [7]

Peña admite que existieron denuncias e irregularidades. Insisto con este punto, me parece importante incluir en la discusión el conjunto de medidas que el ejecutivo decidió implementar, a las cuales brindó una estructura legal y presupuestaria, incluso en aquellos casos en donde luego se dio marcha atrás. Justamente porque me parece hablan del tipo de decisiones políticas que se tomaron en una gestión en particular.

La idea de crear un organismo que tiene entre sus funciones la de desalojar del espacio público a gente en situación de vulnerabilidad, y que esta práctica se realice sin brindar una solución habitacional alternativa viola los compromisos constitucionales más básicos que tiene el estado.

- En las villas se trabajó en la urbanización en casi todas ellas, se urbanizo la primera villa de la ciudad y se avanzó en otra

La postergación del proceso de urbanización de las villas de la ciudad no es un fenómeno nuevo, y continuó con la gestión del partido del PRO. La abrupta caída de los presupuestos para obras en villas y barrios pobres lo pone en evidencia. Sobre este punto tampoco se ha dicho nada.

Ninguna de las causas judiciales que tiene el gobierno en su contra se encuentran cumplidas y en muchas de ellas incluso se han impuesto multas a funcionarios públicos por haber desoído una orden judicial. Me refiero en particular a un juicio por riesgo sanitario en la villa 31, un juicio por recolección de residuos en la villa 20 y por riesgo eléctrico en la villa 21-24. Todas son acciones judiciales impulsadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (www.acij.org.ar) y sobre las cuales aún no se han iniciado las obras correspondientes.

Se han realizado ciertas obras en dos villas muy pequeñas (Barrio Inta y Piletones), que de ningún modo implican que se han urbanizado, mientras tanto hay villas como la 1.11.14, villa 20 y barrio Ramón Carrillo  que cuentan con leyes especificas de urbanización, las cuales se encuentran incumplidas.

La urbanización de las villas tampoco es un deseo personal, es una obligación que asumió el estado por ley y sobre la cual debe actuar inevitablemente. El incumplimiento de ordenes judiciales que hacen a condiciones básicas de vivienda, la desobediencia a leyes específicas y el magro presupuesto destinado y ejecutado para elaborar políticas de inclusión de las villas demuestran que no es una voluntad política cumplir con lo ordenado en este sentido por el art. 31 de la Constitución de la Ciudad.

Sobre el recorte presupuestario al programa de Conventillos del Barrio de la Boca tampoco se ha dicho nada. Asumo entonces que Peña no lo cuestiona.

SOBRE EL DERECHO A LA SALUD

- Salud: se logró la tasa de mortalidad infantil mas baja de la historia, reduciendo al punto mas bajo la desigualdad entre norte y sur.

Sobre la deficiente prestación de servicios de salud en las villas de la Ciudad (que menciono en mi artículo y que llevó a iniciar una acción judicial) Peña no dice nada. Asumo también que esto no está puesto en duda. La información sobre la deficiente ejecución de los programas de Salud Sexual y Reproductiva y del Programa Materno Infantil tampoco fue cuestionada.

En segundo lugar, ha habido un cuestionamiento sobre la forma es que se calculan los datos sobre mortalidad y desnutrición infantil en la Ciudad. En particular, distintos organismos públicos han venido denunciando el importante subregistro que existe sobre todo en los barrios más pobres.[8]

Por otro lado, según los datos que informa la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad (http://www.buenosaires.gov.ar/apps/contenido/archivos/51127.pdf) hubo fuertes variaciones en las tasas de mortalidad infantil promedio de la Ciudad. Asi por ejemplo en el año 2009 se registra una tasa similar a la del año 2004. Y sorprendentemente pasa a ser de 8,3 en el 2009 a 6,7 en el 2010.

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[1] Esto se encuentra claramente establecido en la ley 70 que regula los sistemas de gestión, administración financiera y control del sector público de la Ciudad –(http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley70.html).

[2] “UNIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (UTE) CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)” , EXPTE: EXP 41325 / 0

[3] Este cuadro se extrajo del Informe AGT Las políticas de Infancia y de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde una perspectiva de derechos, 2010, Eudeba.

[4] Véase la versión taquigráfica de la discusión de presupuesto de la Legislatura del Ministro de Educación, 2008.

[5] ACIJ “Subsidios estatales a escuelas de gestión privada en la Ciudad de Buenos Aires”, 2011.

[6] Informe Comisión de Vivienda de la Legislatura de la CABA, Facundo Di Fillipo.

[7] Véase Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) “LA UCEP: UN ORGANISMO ESTATAL CON PRÁCTICAS ILEGALES”, 2009.

[8] Vease ACIJ “El hambre silencioso”